Queremos expresarle nuestro más
absoluto rechazo a sus declaraciones sobre una posible “reforma” del sistema
jubilatorio. Son inaceptables por falsos y malintencionados sus argumentos de
que la caja puede volar por los aires porque ya no existen tres aportantes
activos por cada trabajador jubilado. Si existen, pero tal como lo ha dicho la
militancia de Agmer en Paraná, Federal, Concepción del Uruguay y en toda la
provincia, seguramente no habrá “sustentabilidad” con tres sueldos docentes por
debajo de la línea de pobreza contra un jubilado político de privilegio, como
el actual intendente de Paraná, Adán Bahl que reconoció estar tramitando su
"beneficio" como ex vicegobernador. Derechos para uno o unos pocos, y sacrificio
y abuso para la mayoría: es una inmoralidad política. Jubilaciones de
privilegio político como esas, de $200.000 mensuales son la punta del iceberg
de los desequilibrios económicos. Apuntarle a los derechos de los que trabajan
y de los que tienen necesidades y no discutir ni tocar privilegios es la vieja
política de la oligarquía en Argentina, profundizada por la lógica infame del
neoliberalismo desde 1976. Es extraño que este discurso provenga de un gobierno
que dice pertenecer a una fuerza que nació, a mediados del Siglo XX, afirmando
las banderas de la soberanía política, la justicia social y la independencia
económica. Tocar la Ley 8732 es retroceder históricamente al 16 de Octubre de
1945 o más atrás todavía.
Los trabajadores de la educación
aportamos el 16% de nuestro sueldo para las jubilaciones. A los 25 años de
aporte exigidos por ley siempre los superamos, para cumplir con los requisitos
de la edad. 30 años aportando el 16% equivalen a 44 años aportando el 11%. Nos
jubilamos porque aportamos. Los trabajadores no generamos déficit. Nuestro
sistema previsional es público, solidario y generacional. En el bicentenario de
la Batalla de Cepeda y de la institución de la República de Entre Ríos, que se
cumplen en este 2020, sostener la ley provincial de jubilaciones ha sido un
hito de autonomía federal y de respeto a los derechos sociales. Sobre esa base
habría que construir y no destruir más la legalidad democrática. La lucha
popular han dado el ejemplo que la política de los gobiernos debería imitar.
Ya no está Macri para tener que
entregarle los deberes. Las organizaciones políticas, gremiales y sociales
están dando una batalla soberana contra las políticas del FMI y de los grandes
estafadores y usureros del capitalismo globalizado. Los valores y derechos del
pueblo deben estar por encima de las lógicas economicistas y elitistas. Hay
alternativas a los ajustes antipopulares: se debe reclamar a la Nación una
reparación histórica y una devolución federal de recursos por todo lo que nos
han quitado en los últimos 40 años, deben recortarse los gastos políticos
abusivos y las jubilaciones de privilegio político, debe generarse un aumento
de sueldos y un blanqueo salarial que sumará aportes a la Caja. Debe respetarse
legalmente la autarquía de la Caja y monitorear números y aportes de todos. De no hacerse esto, se produciría una violación al mentado Indice de Transparencia Presupuestaria Provincial. Y
creando todos los cargos docentes que se necesitan en las escuelas, tendremos
más aportantes. Se trata de invertir en educación pública, mostrar realmente
transparencia administrativa y respetar los derechos de los que trabajan todos
los días.
Ni macrismo sin Macri ni nueva
época infame. La Ley 8732 no se toca. Si algún dirigente gremial trasnochado
está pensando en alguna transacción, que vaya buscando la puerta de salida.
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