Desde
la década de 1990, el nivel superior no universitario ha sido
asediado por políticas de achicamiento, que intentaron incidir sobre
la magnitud del sistema vía la reducción de la cantidad de
institutos (Acuerdo A – 14, acreditación de los institutos).
Con respecto a los docentes, las
políticas iniciadas en los ’90 siguen vigentes: la
mercantilización es la expresión más palpable de la privatización
en este nivel educativo. Apelando al argumento de la necesidad
permanente de conocimientos actualizados, de una formación
académica y pedagógica sólida, los gobiernos nacionales y
provinciales impusieron como carga individual la
capacitación, el perfeccionamiento y la pos graduación en tanto
garantes de la calidad educativa. Santa Fe ha sido un ejemplo de la
avanzada del programa liberal en este sentido: tempranamente y en
plena sintonía con el mememismo, instaló el 1553, primer decreto
que regulaba el acceso y la permanencia dentro del Nivel. Por esa
época se inauguró la política de que quien no estaba pos titulado
era desestimado, forma elegante de decir que quedabas afuera.
El actual gobierno, al aprobar
con la complicidad de la burocracia sindical el decreto 3029,
profundizó esta idea, aún cuando no se requiera de la
postitulación como condición de obligatoriedad. Por un lado,
amplió el techo del puntaje otorgado para los antecedentes,
específicamente para los postítulos (en cualquiera de sus
variantes) que, como todos sabemos, son en casi su totalidad,
privados. Por otro lado, devaluó el resto de los antecedentes
relacionados con el perfeccionamiento (asistencia a congresos,
publicaciones, adscripciones, dirección de tesinas,
investigaciones, etc.), que además valdrán la mitad al cabo de 10
años. Con esta ingeniería garantiza la continuidad de la
política de mercantilización: a quién sepa leer esta normativa le
quedará claro que es más conveniente pagar un postítulo que
asistir a un congreso, o escribir un artículo.
Como es un gobierno creativo, va a
más: para titularizar nos propone concursos de antecedentes y
oposición. Suena lindo: se parece a universidad…, tiene
resonancias académicas…, no solo sería el papelito que lograste
juntar sino que te proponen defender un proyecto… sin embargo,
aunque la mona se vista de seda, mona queda. Un concurso de esas
características supone una estructura de trabajo que no
tenemos. Implica la existencia del cogobierno, de la evaluación
de pares, de cargos que nos permitan dictar clases pero a la vez
tiempo para planificar, estudiar, investigar y escribir. En las
actuales condiciones laborales el concurso es un engaño.
Otro aspecto cuestionado: las
reformas curriculares…
En otro orden de cosas, las
sucesivas reformas de los planes de estudio han generado pérdida de
derechos a causa de las reubicaciones, las modificaciones de las
cargas horaria de los nuevos espacios curriculares y el cambio de
denominación de las asignaturas.
El nivel superior es un problema
sin resolver para el gobierno provincial: directores del nivel sin
trayectoria en el mismo, o con trayectoria en privada, de efímera
duración, sin reconocimiento académico entre los profes de los
institutos. A esta deriva, que lleva ya más de tres años, debemos
sumarle la permanente desconfianza hacia los institutos y los
profesores que allí nos desempeñamos, expresado en la creación de
gobiernos paralelos dentro de las currículas. En efecto, las
cátedras experimentales (Itinerarios, Talleres de Producción
Pedagógica y Cuerpo y Movimiento), testimonian algo más que la
voluntad de innovación. Las novedades pedagógicas portan
signos de alarma: en el caso de Cuerpo y Movimiento se creó un
escalafón paralelo, en el que se requería foto y proyecto y no
competencia docente. En el caso de Talleres de Producción Pedagógica
(T.P.P.) se estableció como un espacio “alternativo” a los
espacios de residencia, debían funcionar fuera de los institutos y
fuera del horario curricular. En el caso de los itinerarios, lejos de
constituir espacios de auto-organización de los estudiantes (como lo
fuera en el Plan MEB “Tiempo Libre y Recreación”), se instalaron
como una carga más para los mismos. Mientras tanto, se negaron en
estas últimas gestiones las capacitaciones que se ofrecían desde
los institutos, acusándonos de armar “kioscos” y desconociendo
que no hay políticas de capacitación, pero reclamando al mismo
tiempo, actualización pedagógica y disciplinar y perfeccionamiento
académico. Además, se diluyó el escaso apoyo (retórico) a las
tareas de investigación.
Esta sucinta descripción –que
cualquier compañera/o del Nivel puede completar con cientos de
anécdotas donde los docentes quedamos enfrentados entre nosotros
mismos- revela el diagnóstico gubernamental. La hipótesis es
ecológica: desde el discurso oficial se sostuvo desde el inicio de
esta reforma que los profesores del nivel superior, nuestros
institutos y las prácticas que allí desarrollamos somos
agentes de contaminación, siendo portadores de prácticas
obsoletas e ineficaces, una suerte de virus infeccioso que se expande
sin control. La respuesta es instalar focos de descontaminación por
fuera y paralelos a la formación, supervisados y controlados
directamente por el gobierno. Lamentablemente, tenemos que
decir que la desconfianza del gobierno logró permear algunos
espíritus magisteriales de corte sindical e intelectual. Los
primeros negocian con el gobierno admitiendo por lo bajo que somos un
obstáculo, y que las cátedras experimentales oxigenan el cuerpo
asfixiado de la formación docente. Los segundos siguen organizando
cursos que vinculan la experiencia, la creatividad y la didáctica
como respuesta de fondo a los
gravísimos problemas estructurales que enfrentan las/os maestros en
las escuelas.
Las cátedras experimentales han
sido un rotundo fracaso. Interpeladas en sus fundamentos por los
propios docentes y resistidas por los estudiantes quienes no pueden
asumir más carga horaria, su implementación fue –además- una
debacle. Imposición de reglas propias, rechazo a las formas de
trabajo de los propios institutos y peleas interminables por espacios
y horarios fueron la moneda corriente de la puesta en marcha de las
cátedras experimentales. Los esfuerzos genuinos y muchas
experiencias valiosas que los docentes rescatamos, no lograron
aplacar el supuesto implícito: los espacios experimentales no debían
trabajar junto con la estructura del profesorado,
sino más allá de ésta.
Las últimas medidas: en aras
de facilitar… te la complican cada vez más
En el máximo de necedad, el
gobierno saca una nueva resolución (Resol. 1134 con fecha 05/07/13):
allí dispone que los Itinerarios queden a cargo de los institutos y
que los coordinadores de los TPP se incorporen a los Trayectos de la
Práctica como “facilitadores”. Con estas medidas el gobierno
somete a mayor presión a las instituciones y sus trabajadores: más
tareas, más responsabilidad, mayor demanda de articulación,
capacidad de negociación y voluntad colaborativa. No sólo nos
imponen la gestión y administración de los problemáticos
Itinerarios sino que además hemos de absorber al personal que quedó
sin tareas.
Desde la Nueva Corriente
Docente señalamos categóricamente que los responsables de
esta situación no son las/os
compañeros que genuinamente se presentaron a estos cargos. Sean
kinesiólogos o docentes, entendemos que lo han hecho de buena fe.
Sin embargo, creemos que el
problema no reside en qué hacer ahora con ellos, sino en reconocer
que esa inmensa cantidad de horas deben ir a parar a los Trayectos de
la Práctica, a los profesores que allí se desempeñan. Ellos son
los que van a observar a los estudiantes, quienes evalúan las
planificaciones, quienes realizan contactos y reuniones con los
responsables de las escuelas destino y sus maestros. Si el gobierno
tiene voluntad de “facilitar” los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el Nivel Superior creemos que lo mejor será que no
envíe facilitadores, sino que duplique la cantidad de horas
de todos los profesores de los Trayectos de la Práctica de todos los
institutos de la Provincia de Santa Fe. Y que incorpore con
horas de trabajo genuinas a las/os maestras/os de las escuelas, en
calidad de co-formadores, así deja de ser un voluntariado y se
reconoce realmente la valiosa tarea que desarrollan.
Con el ánimo de facilitar, podría
también discutir con los institutos las políticas de capacitación,
las formas y modalidades de incorporación a las currículas de
aspectos novedosos y necesarios tales como la construcción de la
corporeidad y el desarrollo de políticas potentes sobre educación
artística. Para facilitar y no imponer innovaciones con pseudo
participación.
Facilitaría el diálogo,
facilitaría reconocer el trabajo de los institutos y la voluntad de
estudiar de miles de jóvenes que buscan una identidad personal y
laboral en la docencia.
Facilitaría un régimen de
licencias que contemple las instancias de formación y no uno que
penaliza la pertenencia a varios institutos condenándonos a elegir
sólo una plenaria (Art. 30)
Facilitaría la generación de
horas institucionales, para que la articulación sea un verbo que
organice la práctica profesional y no uno que hable de nuestra
voluntad personal.
Facilitaría hacer la sencilla
cuenta de cuánto le cuesta a una familia vivir un mes dignamente y
no sacar la mentirosa cuenta de cuántas horas trabajamos, reduciendo
la naturaleza de nuestro trabajo a las horas frente a alumnos. En
este aspecto, un facilitador excepcional sería recaudar impuestos de
las empresas que lo evaden o acordaron no pagarlo y destinarlo al
aumento salarial. Eso sí facilitaría las cosas.
- Creación de horas institucionales para articulación: las plenarias no alcanzan
- Por una formación docente sin “gobiernos paralelos”: no a las cátedras experimentales en manos del gobierno.
- Por una reforma curricular hecha por docentes y estudiantes: ¡basta de expertos, técnicos y burócratas!
- Por aumento salarial con piso en la canasta familiar.
- Derogación del impuesto a las ganancias: el salario NO es ganancia.
- Derogación del 3029: no a la mercantilización del conocimiento.
- Jubilación con 25 años de servicio y 82 % móvil sin límite de edad.
Amine Habichayn - Marcela Ronco - Mariel Buscaglia - Marcelo Andelique - Ana Rossi
Nueva Corriente DocenteAgrupación Interna AMSAFE - CTERA - CTA
Asamblea en UADER – preocupación de los trabajadores
Tras la balacera en Lomas del Mirador II, que dejó un adolescente herido de gravedad, el secretario de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Roque Santana, se reunió con el gobierno para “manifestar la disposición de articular una convocatoria a organizaciones intermedias, vecinales y poderes del Estado, para llevar un mensaje de resguardo al goce de los derechos constitucionales de alumnos, padres docentes y trabajadores, a quienes eligen el camino de la violencia”, confirmó a AIM el sindicalista.Santana: “queremospara integrar un ámbito que busque resolver el problema de violencia y el goce de los derechos humanos, a aprender y enseñar".”En diálogo con esta Agencia, Santana precisó que, tras la balacera de anoche en Barrio Lomas del Mirador II, de Paraná, donde se produjeron enfrentamientos con armas de fuego que dejaron como saldo dos personas internadas en el Hospital San Martín, uno de ellos un adolescente de 15 años que está en grave estado, esta mañana se reunió con la secretaria General del ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, para hacerle conocer la disposición de Agmer Paraná, “para integrar un ámbito que busque resolver el problema de violencia y el goce de los derechos humanos, a aprender y enseñar, y a transitar libremente y sin riesgos, de docentes, alumnos y vecinos”.Santana se mostró preocupado por la escalada de violencia que “se observa cada vez más” y manifestó “nuestra profunda vocación de construcción de una sociedad democrática e igualitaria, en la que a partir del diálogo, la tolerancia y las acciones políticas y sociales conjuntas podamos disminuir los alarmantes niveles de violencia que hoy se manifiestan en nuestras comunidades”.
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