viernes, 23 de agosto de 2013

(Santa Fe) La política del gobierno para el nivel superior no universitario: entre las imposiciones y la deriva.

Desde la década de 1990, el nivel superior no universitario ha sido asediado por políticas de achicamiento, que intentaron incidir sobre la magnitud del sistema vía la reducción de la cantidad de institutos (Acuerdo A – 14, acreditación de los institutos).
Con respecto a los docentes, las políticas iniciadas en los ’90 siguen vigentes: la mercantilización es la expresión más palpable de la privatización en este nivel educativo. Apelando al argumento de la necesidad permanente de conocimientos actualizados, de una formación académica y pedagógica sólida, los gobiernos nacionales y provinciales impusieron como carga individual la capacitación, el perfeccionamiento y la pos graduación en tanto garantes de la calidad educativa. Santa Fe ha sido un ejemplo de la avanzada del programa liberal en este sentido: tempranamente y en plena sintonía con el mememismo, instaló el 1553, primer decreto que regulaba el acceso y la permanencia dentro del Nivel. Por esa época se inauguró la política de que quien no estaba pos titulado era desestimado, forma elegante de decir que quedabas afuera.   
El actual gobierno, al aprobar con la complicidad de la burocracia sindical el decreto 3029, profundizó esta idea, aún cuando no se requiera de la postitulación como condición de obligatoriedad. Por un lado, amplió el techo del puntaje otorgado para los antecedentes, específicamente para los postítulos (en cualquiera de sus variantes) que, como todos sabemos, son en casi su totalidad, privados. Por otro lado, devaluó el resto de los antecedentes relacionados con el perfeccionamiento (asistencia a congresos, publicaciones, adscripciones, dirección de tesinas, investigaciones, etc.), que además valdrán la mitad al cabo de 10 años.  Con esta ingeniería garantiza la continuidad de la política de mercantilización: a quién sepa leer esta normativa le quedará claro que es más conveniente pagar un postítulo que asistir a un congreso, o escribir un artículo.
Como es un gobierno creativo, va a más: para titularizar nos propone concursos de antecedentes y oposición. Suena lindo: se parece a universidad…, tiene resonancias académicas…, no solo sería el papelito que lograste juntar sino que te proponen defender un proyecto… sin embargo, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Un concurso de esas características supone una estructura de trabajo que no tenemos. Implica la existencia del cogobierno, de la evaluación de pares, de cargos que nos permitan dictar clases pero a la vez tiempo para planificar, estudiar, investigar y escribir. En las actuales condiciones laborales el concurso es un engaño.
Otro aspecto cuestionado: las reformas curriculares…
En otro orden de cosas, las sucesivas reformas de los planes de estudio han generado pérdida de derechos a causa de las reubicaciones, las modificaciones de las cargas horaria de los nuevos espacios curriculares y el cambio de denominación de las asignaturas.
El nivel superior es un problema sin resolver para el gobierno provincial: directores del nivel sin trayectoria en el mismo, o con trayectoria en privada, de efímera duración, sin reconocimiento académico entre los profes de los institutos. A esta deriva, que lleva ya más de tres años, debemos sumarle la permanente desconfianza hacia los institutos y los profesores que allí nos desempeñamos, expresado en la creación de gobiernos paralelos dentro de las currículas. En efecto, las cátedras experimentales (Itinerarios, Talleres de Producción Pedagógica y Cuerpo y Movimiento), testimonian algo más que la voluntad de innovación.  Las novedades pedagógicas portan signos de alarma: en el caso de Cuerpo y Movimiento se creó un escalafón paralelo, en el que se requería foto y proyecto y no competencia docente. En el caso de Talleres de Producción Pedagógica (T.P.P.) se estableció como un espacio “alternativo” a los espacios de residencia, debían funcionar fuera de los institutos y fuera del horario curricular. En el caso de los itinerarios, lejos de constituir espacios de auto-organización de los estudiantes (como lo fuera en el Plan MEB “Tiempo Libre y Recreación”), se instalaron como una carga más para los mismos. Mientras tanto, se negaron en estas últimas gestiones las capacitaciones que se ofrecían desde los institutos, acusándonos de armar “kioscos” y desconociendo que no hay políticas de capacitación, pero reclamando al mismo tiempo, actualización pedagógica y disciplinar y perfeccionamiento académico. Además, se diluyó el escaso apoyo (retórico) a las tareas de investigación.
Esta sucinta descripción –que cualquier compañera/o del Nivel puede completar con cientos de anécdotas donde los docentes quedamos enfrentados entre nosotros mismos- revela el diagnóstico gubernamental.  La hipótesis es ecológica: desde el discurso oficial se sostuvo desde el inicio de esta reforma que los profesores del nivel superior, nuestros institutos y las prácticas que allí desarrollamos somos agentes de contaminación, siendo portadores de prácticas obsoletas e ineficaces, una suerte de virus infeccioso que se expande sin control. La respuesta es instalar focos de descontaminación por fuera y paralelos a la formación, supervisados  y controlados directamente por el gobierno.  Lamentablemente, tenemos que decir que la desconfianza del gobierno logró permear algunos espíritus magisteriales de corte sindical e intelectual. Los primeros negocian con el gobierno admitiendo por lo bajo que somos un obstáculo, y que las cátedras experimentales oxigenan el cuerpo asfixiado de la formación docente. Los segundos siguen organizando cursos que vinculan la experiencia, la creatividad y la didáctica como respuesta de fondo a los gravísimos problemas estructurales que enfrentan las/os maestros en las escuelas.
Las cátedras experimentales han sido un rotundo fracaso. Interpeladas en sus fundamentos por los propios docentes y resistidas por los estudiantes quienes no pueden asumir más carga horaria, su implementación fue –además- una debacle. Imposición de reglas propias, rechazo a las formas de trabajo de los propios institutos y peleas interminables por espacios y horarios fueron la moneda corriente de la puesta en marcha de las cátedras experimentales. Los esfuerzos genuinos y muchas experiencias valiosas que los docentes rescatamos, no lograron aplacar el supuesto implícito: los espacios experimentales no debían trabajar junto con la estructura del profesorado, sino más allá de ésta.
Las últimas medidas: en aras de facilitar… te la complican cada vez más
En el máximo de necedad, el gobierno saca una nueva resolución (Resol. 1134 con fecha 05/07/13): allí dispone que los Itinerarios queden a cargo de los institutos y que los coordinadores de los TPP se incorporen a los Trayectos de la Práctica como “facilitadores”. Con estas medidas el gobierno somete a mayor presión a las instituciones y sus trabajadores: más tareas, más responsabilidad, mayor demanda de articulación, capacidad de negociación y voluntad colaborativa. No sólo nos imponen la gestión y administración de los problemáticos Itinerarios sino que además hemos de absorber al personal que quedó sin tareas.
Desde la Nueva Corriente Docente señalamos categóricamente que los responsables de esta situación no son las/os compañeros que genuinamente se presentaron a estos cargos. Sean kinesiólogos o docentes, entendemos que lo han hecho de buena fe.
Sin embargo, creemos que el problema no reside en qué hacer ahora con ellos, sino en reconocer que esa inmensa cantidad de horas deben ir a parar a los Trayectos de la Práctica, a los profesores que allí se desempeñan. Ellos son los que van a observar a los estudiantes, quienes evalúan las planificaciones, quienes realizan contactos y reuniones con los responsables de las escuelas destino y sus maestros. Si el gobierno tiene voluntad de “facilitar” los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Nivel Superior creemos que lo mejor será que no envíe facilitadores, sino que duplique la cantidad de horas de todos los profesores de los Trayectos de la Práctica de todos los institutos de la Provincia de Santa Fe. Y que incorpore con horas de trabajo genuinas a las/os maestras/os de las escuelas, en calidad de co-formadores, así deja de ser un voluntariado y se reconoce realmente la valiosa tarea que desarrollan.
Con el ánimo de facilitar, podría también discutir con los institutos las políticas de capacitación, las formas y modalidades de incorporación a las currículas de aspectos novedosos y necesarios tales como la construcción de la corporeidad y el desarrollo de políticas potentes sobre educación artística. Para facilitar y no imponer innovaciones con pseudo participación.
Facilitaría el diálogo, facilitaría reconocer el trabajo de los institutos y la voluntad de estudiar de miles de jóvenes que buscan una identidad personal y laboral en la docencia.
Facilitaría un régimen de licencias que contemple las instancias de formación y no uno que penaliza la pertenencia a varios institutos condenándonos a elegir sólo una plenaria (Art. 30)
Facilitaría la generación de horas institucionales, para que la articulación sea un verbo que organice la práctica profesional y no uno que hable de nuestra voluntad personal.
Facilitaría hacer la sencilla cuenta de cuánto le cuesta a una familia vivir un mes dignamente y no sacar la mentirosa cuenta de cuántas horas trabajamos, reduciendo la naturaleza de nuestro trabajo a las horas frente a alumnos. En este aspecto, un facilitador excepcional sería recaudar impuestos de las empresas que lo evaden o acordaron no pagarlo y destinarlo al aumento salarial. Eso sí facilitaría las cosas.

  •   Creación de horas genuinas y cargos para los Trayectos de la Práctica: docentes de institutos y co-formadores
  • Creación de horas institucionales para articulación: las plenarias no alcanzan
  • Por una formación docente sin “gobiernos paralelos”: no a las cátedras experimentales en manos del gobierno. 
  • Por una reforma curricular hecha por docentes y estudiantes: ¡basta de expertos, técnicos y burócratas!
  • Por aumento salarial con piso en la canasta familiar.
  • Derogación del impuesto a las ganancias: el salario NO es ganancia.
  • Derogación del 3029: no a la mercantilización del conocimiento.
  • Jubilación con 25 años de servicio y 82 % móvil sin límite de edad.



    Amine Habichayn  - Marcela Ronco - Mariel Buscaglia  - Marcelo Andelique - Ana Rossi


    Nueva Corriente Docente
    Agrupación Interna AMSAFE - CTERA - CTA

                                                    




    Asamblea en UADER – preocupación de los trabajadores






    Tras la balacera en Lomas del Mirador II, que dejó un adolescente herido de gravedad, el secretario de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Roque Santana, se reunió con el gobierno para “manifestar la disposición de articular una convocatoria a organizaciones intermedias, vecinales y poderes del Estado, para llevar un mensaje de resguardo al goce de los derechos constitucionales de alumnos, padres docentes y trabajadores, a quienes eligen el camino de la violencia”, confirmó a AIM el sindicalista.
    Santana: “queremospara integrar un ámbito que busque resolver el problema de violencia y el goce de los derechos humanos, a aprender y enseñar".”
    En diálogo con esta Agencia, Santana precisó que, tras la balacera de anoche en Barrio Lomas del Mirador II, de Paraná, donde se produjeron enfrentamientos con armas de fuego que dejaron como saldo dos personas internadas en el Hospital San Martín, uno de ellos un adolescente de 15 años que está en grave estado, esta mañana se reunió con la secretaria General del ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, para hacerle conocer la disposición de Agmer Paraná, “para integrar un ámbito que busque resolver el problema de violencia y el goce de los derechos humanos, a aprender y enseñar, y a transitar libremente y sin riesgos, de docentes, alumnos y vecinos”.
    Santana se mostró preocupado por la escalada de violencia que “se observa cada vez más” y manifestó “nuestra profunda vocación de construcción de una sociedad democrática e igualitaria, en la que a partir del diálogo, la tolerancia y las acciones políticas y sociales conjuntas podamos disminuir los alarmantes niveles de violencia que hoy se manifiestan en nuestras comunidades”.

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