La legitimidad de la lucha de los profesores municipalizados por el pago del bono SAE, obtenido a través de movilizaciones en 1995, y contemplado como beneficio legal, revela la crisis estructural del sistema educacional administrado por los municipios desde la década de los 80 a través de una imposición del pinochetismo que perseguía aniquilar la enseñanza pública y lograr su privatización total. La lucha de los docentes organizados tanto en la AGECH de la época, como luego en el Colegio de Profesores AG, impidió el objetivo pinochetista de acabar definitivamente con uno de los derechos sociales elementales de los pueblos y los trabajadores.
Como ha sido recurrente, especialmente en los últimos gobiernos de la Concertación, la paralización docente en particular, y la movilización social en general, sólo han recibido represión e incumplimientos. La indignación de los maestros en lucha es de una justicia incuestionable y merece el más amplio apoyo de la comunidad nacional.
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