Bajo la excusa de evitar una escalada inflacionaria, los intentos del Gobierno por fijar un techo de 20% a la negociación paritaria redundarían -en caso de tener éxito- en una pérdida del salario real y del poder adquisitivo de los trabajadores durante 2013.
“Existen sobradas condiciones para aumentar un 30% los salarios sin que sea necesario ningún traslado a precios”, concluye un estudio coordinado por el diputado Claudio Lozano.
“Los trabajadores argentinos sólo cobran dos de las ocho horas que trabajan. ¿Cómo no se va a poder aumentar un 30% los salarios?”, planteó el legislador.
El informe hace una detallada radiografía de la situación salarial en relación con las principales variables de la economía. Entre otras cosas, proyecta la evolución salarial del año que comienza bajo el supuesto de un suba salarial de 20% aplicada en dos cuotas (10% en marzo y 10% en junio). De allí concluye que, descontada la inflación real (no la que mide el INDEC) estimada en 23,8%, el salario real caería 3% y el poder adquisitivo un 5% (ver infografía).
En la elaboración del estudio también participaron Tomás Raffo (co-coordinador), Ana Rameri, Agustina Haimovich, Mora Straschnoy y Laura Pacífico. Todos integran el equipo de investigaciones del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
En respuesta al argumento oficial que atribuye a las subas salariales la responsabilidad por el aumento de precios, el trabajo sostiene: “Los grandes empresarios y el gobierno nacional coinciden enreclamar moderación a los trabajadores a la hora de la discusión salarial. Este planteo resulta absurdo desde el punto de vista conceptual ya que no es la evolución del salario lo que explica el proceso inflacionario, sino el déficit que en materia de inversión(tanto en magnitud como en calidad) ha tenido nuestro país durante los años de crecimiento acelerado”.
Expresado en números, el informe muestra que “considerando las horas trabajadas y la riqueza producida en el 2012, cada hora de trabajo rindió por un valor de $ 71,50. Asimismo, cada trabajador percibió en promedio por su hora de trabajo, $ 20,80. La diferencia ($ 50,70) es el excedente apropiado en primera instancia por los empresarios”.
Traducido en términos de jornada laboral, de las 8 horas diarias de trabajo, la remuneración percibida por el trabajador, equivale a sólo 2 horas 20 minutos.
“Si de cada ocho horas de trabajo, los trabajadores cobran dos, sólo la decisión de perpetuar la desigualdad puede justificar el argumento de que los salarios no pueden aumentar, por ejemplo, un 30%”, cuestionó el informe.
Además, sostiene que en las empresas grandes la situación es peor: “En términos de jornada laboral, de cada hora de trabajo, los trabajadores se apropian de 1 hora 50 minutos y los empresarios de 6 horas completas”.
Antes de la última dictadura militar en la Argentina -durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, primero, y de María Estela Martínez de Perón, después- la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”. La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se preparó así el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organización de la clase trabajadora e imponer un modelo económico antipopular y antiobrero. Por Leónidas Ceruti, historiador.
Imagen de “El Petroquímico”, boletín de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos |
La primavera democrática duró poco
Luego del 25 de mayo de 1973, la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envío del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primera respuesta vino del Gral. Juan Domingo Perón, quien advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación que “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”. (1)
Después de la muerte de Perón, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas, y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralista y estudiantes.
Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada porgrupos paramilitares, “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el Ejecutivo nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que anunció oficialmente que habíaordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...”.
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