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| “No la están usando como herramienta de dialogo y resolución de problemas”, advirtió Jacquemain. |
El vocal por la minoría en la Comisión Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Eugenio Jacquemain, cuestionó que “están usando la paritaria como dilación y no como herramienta de dialogo y resolución de problemas”. En la misma línea, planteó: “Vemos diariamente que el gobierno se llena la boca hablando de paritarias y dialogo, y que esa es la única vía para resolver la problemática educativa en la provincia, pero mientras escuchamos o leemos esos grandes anuncios mediáticos, hay escuelas sin clases”. El gremialista hizo referencia de esa forma a la problemática que enfrentan nueve escuelas del departamento Islas, que desde este lunes quedaron sin clases porque las lanchas para trasladar alumnos no tienen combustible. “Los transportes del departamento Gualeguaychú tampoco cobraron lo trabajado en 2013”, dijo.“La denuncia de José Luís Regalado sobre la ausencia de clases en escuelas de ese departamento, se suma también a la ausencia de pago a los transportes escolares en el departamento Gualeguaychú quienes no cobraron lo trabajado en el 2013 y ya estamos en junio”, advirtió.
“Da mucha bronca que mientras se gasten fortunas en gigantografías para un evento cuasi partidario como fue el Congreso ‘educativo’ de los últimos días en Paraná, que terminó siendo una tribuna de campaña para algunos funcionarios, gurises entrerrianos vean resentida su educación, pero claro, desde detrás de los escritorios en Paraná no necesitan ni lancha ni colectivos para llegar a sus lugares de trabajo diariamente como si lo hacen los gurises isleños o rurales”, criticó.
“Este gobierno debería dejar de hablar de inclusión y ponerse a trabajar por la educación, pero en serio y dejar de dilatar las soluciones que la escuela pública necesita con urgencia”, completó el gremialista.
Análisis Digital - 4/6
Reclamaron por la finalización de los trabajos en el establecimientoAlumnos de la Escuela Guadalupe hicieron una sentada en protesta por la falta de inspección en las obras recientemente entregadasAnálisis
“Da mucha bronca que mientras se gasten fortunas en gigantografías para un evento cuasi partidario como fue el Congreso ‘educativo’ de los últimos días en Paraná, que terminó siendo una tribuna de campaña para algunos funcionarios, gurises entrerrianos vean resentida su educación, pero claro, desde detrás de los escritorios en Paraná no necesitan ni lancha ni colectivos para llegar a sus lugares de trabajo diariamente como si lo hacen los gurises isleños o rurales”, criticó.
“Este gobierno debería dejar de hablar de inclusión y ponerse a trabajar por la educación, pero en serio y dejar de dilatar las soluciones que la escuela pública necesita con urgencia”, completó el gremialista.
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Turquía vivió un cuarto día de indignaciónEl último jueves (23 de mayo), magistrados del Tribunal de Justicia (TJ) absolvieron por unanimidad a cinco militantes acusados injustamente por la Monsanto de ser instigadores y autores de supuestos crímenes ocurridos en 2003. La trasnacional entró como asistente de acusación en la acción penal, en respuesta a la manifestación de 600 participantes en la 2ª Jornada de Agroecologia, en la Estación experimental de la empresa, en Ponta Grossa, para denunciar y protestar contra la entrada de las semillas transgénicas en el estado, así como contra las investigaciones ilegales y otros crímenes ambientales practicados por la empresa.
(Terra de Dereitos) Brasil - La trasnacional Monsanto está en más de 80 países, con un dominio de aproximadamente el 80% del mercado mundial de las semillas transgénicas y de los agrotóxicos. En diferentes continentes, la empresa acumula acusaciones por violaciones de derechos, por omisión de información sobre el proceso de producción de venenos, cobranza indebida de regalías e imposición de un modelo de agricultura basado en el monocultivo, en la degradación ambiental y en la utilización de agrotóxicos.
En Brasil, la invasión de semillas genéticamente modificadas tuvo inicio hace una década, con mucha resistencia de movimientos sociales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. En Paraná, la empresa Monsanto usó el recurso de la criminalización de militantes como forma de responder a los que se oponían a los transgénicos.
Fueron acusados Célio Leandro Rodrigues y Roberto Baggio, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST; José Maria Tardim, para ese momento integrante de AS-PTA – Agricultura Familiar y Agroecología; Darci Frigo, de Terra de Direitos; y Joaquim Eduardo Madruga (Joka), fotógrafo ligado a los movimientos sociales. En clara señal de criminalización, la transnacional atribuyó la manifestación, compuesta por más de 600 personas, como una responsabilidad de apenas cinco personas, usando como argumento la relación genérica de los acusados con los movimientos sociales.
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