Con el título de “La única verdad es la realidad”, la representación Rojo y Negro en la comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hizo llegar a AIM un duro documento en el que reclama “mayor inversión real y directa para educación”.
El documento, firmado por los secretarios de Jubilados, Roque Santana; de Organización, Martín Larrosa, y de Administración, Miguel Stebagner, advierte que junio es “un mes complicado para los trabajadores docentes y alumnos entrerrianos” y recuerda que el sexto mes del año comenzó con el paro de lancheros en el departamento Islas, por falta de combustibles para las embarcaciones. “El CGE y ministerio de Educación deben una deuda millonaria a los proveedores, lo que, en conclusión, significa pérdidas de días de clase”.
Además, informa que la representación recibió informes de los distintos departamentos por serios problemas de infraestructura escolar, “con detalles completos desde las escuelas con las falencias históricas que se repiten por los años. Los informes de las seccionales de Agmer también denuncian la dilación de los espacios paritarios en el tiempo y la falta de respuestas por parte del gobierno por falta de recursos. Además, el gobierno suspende seguido las reuniones de las comisiones sin aviso. ¿Conclusión? Días de clases perdidos”.
Además indica que “todavía seguimos esperando que el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (Iapv), llame a licitación de las 500 viviendas comprometidas en paritarias el año pasado. Ya pasó más de un año de las mesas negociadoras y hasta ahora, solo existe la novedad del anuncio del ministro de Educación, Eduardo Lauritto, que tampoco sabemos si se concretará. Conclusión: sueños demorados”.
Salario, grave problema
El texto del documento destaca además que en 2013, “el salario docente ya no resiste, ni asegura las necesidades básicas. El descongelamiento de precios que duró hasta fines de mayo, no logró equiparar las pérdidas salariales. Cabe recordar que la recuperación hasta agosto del corriente año fue prevista en un 16 por ciento, aumento declarado insuficiente por el último congreso de Agmer y lejos de los porcentajes reales de inflación, conclusión perdida de recuperación salarial”.
Párrafo aparte dedica el documento a la actualización de las asignaciones familiares, “sin tope salarial. Conclusión: hay niños con garantías ciudadanas y otros que son entrerrianos”...
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ALGUNOS ACUERDOS PARITARIOS PODRÍAN SER REVISADOS
La Corte declaró inconstitucional el pago de sumas fijas en los convenios
Fue a través de un fallo que obliga a una empresa a reconocer el carácter salarial de un pago no remunerativo.
La CTA apeló a que los trabajadores de prensa tengan consciencia de clase y pierdan el miedo
En el día de periodista, el secretario de Comunicación y Difusión de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, Renzo Righelato, lamentó la situación de los medios de comunicación en la provincia y consideró que los trabajadores de la prensa tienen que “perder el miedo y tener consciencia de clase”.
Pueblos originarios acampan frente a la Casa Rosada
Representantes de las comunidades indígenas argentinas iniciaron este jueves una protesta en Buenos Aires frente a la sede del Ejecutivo para reclamar sus derechos y exigir el fin de las agresiones a sus pueblos tras la muerte en mayo de un miembro de la etnia qom en enfrentamientos con la policía.
Convocada por la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la protesta durará 24 horas, a la espera de que los manifestantes sean atendidos en su pedido de ver a la presidenta del país, Cristina Fernández.
En la acampada participan una decena de representantes de comunidades aborígenes de distintos puntos del país, con el apoyo de organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia, y de agrupaciones políticas como el Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Entre otras cosas, los manifestantes reclaman un régimen especial para las tierras indígenas reclamadas y el acceso efectivo a la salud y la educación, además del fin de las agresiones de las que denuncian ser objeto por parte de gobiernos locales y provinciales.
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