En algunas escuelas ni siquiera dejaron entrar a los auditores que el gobierno macrista mandó a tomar nota de las faltas. Los gremios denunciaron esa medida como una “maniobra de amedrentamiento”. Pedido de explicaciones al responsable del operativo.
Los gremios docentes chocaron contra la disposición del síndico general Ignacio Rial de enviar cien auditores a las 700 escuelas porteñas a controlar las faltas en las jornadas de huelga para hacer los descuentos de los días. En algunas escuelas, los directores se negaron a entregar la información, otros dijeron que lo harían por las vías administrativas, mientras que los sindicalistas denunciaron la medida como una “maniobra de amedrentamiento”. En tanto, la legisladora de Proyecto Sur Delia Bisutti y el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna presentaron un proyecto para citar a Rial a que dé explicaciones sobre el operativo desplegado.
En medio del conflicto docente, el Tribunal Superior de Justicia le dio la derecha al jefe de Gobierno: avaló los descuentos en un fallo dividido. La defensoría porteña, en tanto, recomendó a la gestión PRO que “garantice el derecho de huelga, preservando su identidad e intimidad (de los docentes), hayan o no adherido a la medida de fuerza y evitando el descuento de los días de ausencia”. Los gremios se movilizaron el martes para denunciar el operativo de auditorías en la Comisión de Educación de la Legislatura. Bisutti y Nenna presentaron luego un proyecto para citar al síndico general. Luego Nenna llamó “a resistir a los aprietes del macrismo”.
Pero Macri ya anunció que descontará los días de paro. La sindicatura general dispuso el 1º de octubre un operativo general de auditorías para obtener los nombres de los docentes que hicieron paro el 15, 16 y 30 de septiembre. Para esto, instruyó a los auditores a obtener “el listado actualizado del personal” y a dejar constancia en un acta notarial de cualquier “inconveniente”. También advirtió en la disposición que “la conducta adversa” será considerada “como falta grave”.
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En tres días, diez asambleístas de Gualeguaychú, más un equipo de diez abogados y diez invitados especiales, ocuparán el recinto de la sala de debate de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
En ese lugar se llevará a cabo, el viernes 15 de octubre a partir de las 8.30, la audiencia en la que se deberá resolver la apelación interpuesta por la fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, quien cuestionó el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien consideró que los asambleístas no cometieron delito durante el prologando bloqueo del paso internacional que une Gualeguaychú con la uruguaya ciudad de Fray Bentos.
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