Lo mejor es evadir los problemas que nos siguen, pareciera ser esta, la acción que persiguen algunos funcionarios, al tratar de eludir lo que significa la declaración del plenario de secretarios generales de AGMER “Este plenario declara la crisis educativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano”
Los conflictos son constitutivos de Las relaciones humanas. No existe relación posible sin conflictos el hecho de ocultarlos de tratar de taparlos es un indicador de patologías.
La crisis, son posibilitadoras cuando suceden y se atienden; el tema es, que en el caso de la educación entrerriana, los docentes entrerrianos, venimos atravesando crisis más crisis, y si en ellas encontramos ranuras para salir de la misma, o para subsanarlas en parte, no es por que los funcionarios políticos realicen acciones para sanearlas, por el contrario las profundizan.
Hablamos de crisis en los bolsillos de los trabajadores, hablamos de crisis en infraestructura, hablamos de crisis en los mobiliarios, hablamos de crisis en material didáctico, hablamos de crisis en la creación de cargos y de horas cátedras, hablamos de crisis en los comedores escolares, hablamos de crisis verdaderas las que vivimos a diario en las escuelas, falta de agua potable, de baños, de luz, de seguridad, de esas crisis señora Bar hablamos. Crisis que se profundiza con el aciago funcionamiento del sistema SAGE, agujero negro, mucho más grande que la capa de ozono, (sistema burocrático utilizado como herramienta de ajuste, para no pagar lo que corresponde) que se queda con grandes sumas de dinero de los trabajadores de la educación, trabajadores que ganan por cierto debajo de la línea de pobreza.
-Crisis como una cadena de dramas pedagógicos, psicológicos y biológicos cotidianos generados por la irresponsabilidad política y por la falta de presupuesto educativo y de redistribución real de la riqueza.
-Crisis como callejón sin salida al que conducen las políticas económicas y (anti)educativas de gestión de la pobreza.
-Crisis como continuidad impune de las viejas políticas neoliberales de ajuste y precarización laboral y social, que obviamente no tienen nada de nuevo, y que solamente la festejan y la disimulan los políticos de turno.
De esta crisis hablamos. Tal vez la representación mental y las vivencias de muchos políticos del momento este en otra dimensión, en la cual existen capacidades financieras que le permiten holgadamente satisfacer lo que muchos actores de esta sociedad no pueden.
Según Alber Einstein – “La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia” en la cual se muestra o se pone en evidencia la pereza de las personas, (funcionarios, etc) provincias, países para encontrar las salidas y soluciones."
SECRETARIA GENERAL A CARGO
AGMER PARANA
ALEJANDRA GERVASONI
Favorable repercusión produjo en las provincias este anuncio. No era para menos. El pasado año las cuentas de veinte estados provinciales cerraron en rojo. Los motivos pueden ser muy variados —cada gobierno tiene los suyos, relacionados con el manejo administrativo y las necesidades locales—, pero resulta evidente que existe en nuestro país interior un desequilibrio generalizado. Es esto lo que se debe corregir.
La medida anunciada es correcta. No hay dudas. Sin embargo, sólo arregla los números viejos para enderezarlos en veinte años. De persistir la situación actual, transcurrido ese lapso y aún antes, el endeudamiento se repetirá o se agravará. Esto sucede siempre, de manera invariable, cuando se atacan los efectos de un problema y quedan inamovibles las causas.
PAÍS UNITARIO. Salta a la vista que en la Argentina el federalismo es una ilusión. En el mejor de los casos una bandera que se arría cada vez que un gobernador viaja a Buenos Aires a pedir plata.
La Constitución en su artículo primero establece que nuestro país adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. La realidad y la historia indican que los argentinos tenemos gobiernos unitarios desde hace 149 años. Unos más, otros menos, todos nuestros gobiernos han sido unitarios. En la actualidad esa tendencia se ha fortalecido porque el poder central es cada vez más absorbente. Muy poco o nada es posible hacer sin la venia y la caja del Estado nacional. Las provincias han desgastado su entidad, mientras la Nación ha acentuado la concentración de casi todos los instrumentos de gobierno.
Los fondos coparticipables derivados de los impuestos nacionales, constituyen la más clara demostración de la tendencia centralista y unitaria. La primera ley de coparticipación data de 1935. Su voracidad era espeluznante porque sólo destinaba el 18 % para distribuir a las provincias (claro que los tributos nacionales no eran tantos como hoy y no existía el Iva). Con el tiempo el índice fue objeto de correcciones. En 1949 se lo llevó al 51 % y en 1988 al 54 % mediante la ley 23.548 aún vigente. Este último índice fue recortado en un 15 % por Menem y Cavallo en 1992, mediante el primer pacto fiscal con los gobernadores para financiar el sistema previsional estatal, cuyo déficit había crecido por la creación de las Afjp. Estas entidades desaparecieron hace un año y medio, pero el gobierno central mantiene el recorte.
Mientras tanto persiste el incumplimiento de la Constitución Nacional de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación “antes de finalizar 1996”.
El Diario-16/5-Leer
AGMER PARANA
ALEJANDRA GERVASONI
De acreedor a deudor - Mario Alarcón Muñiz
A principios de semana la Presidenta anunció el programa federal de desendeudamiento, cuyo objetivo es aliviar de asfixias financieras a las provincias hasta después de las elecciones. En realidad no es un desendeudamiento sino una refinanciación. Las provincias seguirán endeudadas con el Estado nacional, bajo otras condiciones más cómodas. No pagarán nada hasta diciembre de 2011. A partir de allí y hasta 2030 podrán abonar sus deudas con la Nación (en total 65.000 millones de pesos) al 6 % anual. Se trata —según lo dijo la Presidenta— de “un acto de federalismo y convicción de cómo debe desarrollarse una política económica y social”.Favorable repercusión produjo en las provincias este anuncio. No era para menos. El pasado año las cuentas de veinte estados provinciales cerraron en rojo. Los motivos pueden ser muy variados —cada gobierno tiene los suyos, relacionados con el manejo administrativo y las necesidades locales—, pero resulta evidente que existe en nuestro país interior un desequilibrio generalizado. Es esto lo que se debe corregir.
La medida anunciada es correcta. No hay dudas. Sin embargo, sólo arregla los números viejos para enderezarlos en veinte años. De persistir la situación actual, transcurrido ese lapso y aún antes, el endeudamiento se repetirá o se agravará. Esto sucede siempre, de manera invariable, cuando se atacan los efectos de un problema y quedan inamovibles las causas.
PAÍS UNITARIO. Salta a la vista que en la Argentina el federalismo es una ilusión. En el mejor de los casos una bandera que se arría cada vez que un gobernador viaja a Buenos Aires a pedir plata.
La Constitución en su artículo primero establece que nuestro país adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. La realidad y la historia indican que los argentinos tenemos gobiernos unitarios desde hace 149 años. Unos más, otros menos, todos nuestros gobiernos han sido unitarios. En la actualidad esa tendencia se ha fortalecido porque el poder central es cada vez más absorbente. Muy poco o nada es posible hacer sin la venia y la caja del Estado nacional. Las provincias han desgastado su entidad, mientras la Nación ha acentuado la concentración de casi todos los instrumentos de gobierno.
Los fondos coparticipables derivados de los impuestos nacionales, constituyen la más clara demostración de la tendencia centralista y unitaria. La primera ley de coparticipación data de 1935. Su voracidad era espeluznante porque sólo destinaba el 18 % para distribuir a las provincias (claro que los tributos nacionales no eran tantos como hoy y no existía el Iva). Con el tiempo el índice fue objeto de correcciones. En 1949 se lo llevó al 51 % y en 1988 al 54 % mediante la ley 23.548 aún vigente. Este último índice fue recortado en un 15 % por Menem y Cavallo en 1992, mediante el primer pacto fiscal con los gobernadores para financiar el sistema previsional estatal, cuyo déficit había crecido por la creación de las Afjp. Estas entidades desaparecieron hace un año y medio, pero el gobierno central mantiene el recorte.
Mientras tanto persiste el incumplimiento de la Constitución Nacional de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación “antes de finalizar 1996”.
El Diario-16/5-Leer
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