La disposición trasladó esa responsabilidad –la tarea de depositar las retenciones a cada docente destinada a la obra social– a cada apoderado legal de las escuelas públicas de gestión privada.
La orden, firmada por la titular del Consejo de Educación, Graciela Bar, no fue obedecida por los mandos medios, en apariencia: alguien dispuso desoír esa disposición, y no sólo que cambió de modo compulsivo el porcentaje de aporte a la obra social, que pasó del 3 % al 6 % del salario del docente, sino que en vez de girar el dinero a las escuelas privadas, se lo depositó directamente a una obra social determinada, en este caso, la Obra Social para los Docentes Privados (Osdop).
“Yo se lo había advertido a Patricia Todoni (directora de Enseñanza Privada del Consejo de Educación). Le había dicho que hace 15 días había recorrido las escuelas de la diócesis la persona encargada de realizar las liquidaciones de sueldos, Liliana Arce, y dijo que ella iba a descontar el 6 %, y se lo iba a depositar a Osdop. Y así lo hizo. Lamentablemente, aquella decisión del Consejo no se aplicó, falló la cadena de mandos y nadie tuvo en cuenta la advertencia que hicimos”, dijo ayer el padre Oscar Rigoni, delegado de Educación de la diócesis de Concordia.
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