Por Ignacio González Lowy – El gobierno de Entre Ríos se apura para ser el primero en aplicar a pie juntillas la reforma de la escuela secundaria que prevé la Ley Nacional de Educación (26.206, 2006) y la consiguiente nueva Ley Provincial de Educación (9890, 2008). Fiel a su estilo, lo hace prepoteando, dialogando con su ombligo, ajustando y “recortando gastos”.
“La decisión ya está tomada”, señala el gobierno a quien quiera oír. Sus funcionarios se muestran exultantes, felices al suponer que en el horizonte no hay nubes grises que amenacen con aguarle la fiesta. Una vez más, habrían sido eficientes a la hora de hacerle la tarea, en tiempo y forma en que fuera solicitada, al gobierno nacional. A fines del mes pasado, de hecho, mientras se suponía que había una mesa de diálogo abierta con AGMER y con los vocales docentes en el Consejo General de Educación; los funcionarios políticos del CGE anunciaron, con bombos y platillos, que el proceso era irrevocable y que en 2011 la reforma de la escuela secundaria (llevada a cabo este año en alrededor de 50 establecimientos piloto o muestrales) se aplicaría en toda la provincia.
En realidad, el futuro es más que nunca incierto. El gobierno busca avanzar en una reforma que reproduce y hasta profundiza lógicas de la demonizada reforma de la educación menemista, y las condiciones (edilicias, presupuestarias, laborales) no parecen cerrar para que, efectivamente, el cambio se masifique sin que haya unas cuantas tormentas antes, en el camino.
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