El Secretario General de Agmer María Grande, uno de los entrevistados por Análisis
Los catedráticos Luis Lafferriere y Gustavo Lambruschini, los políticos Rosario Romero (peronismo federal), Darío Olivera (Proyecto Sur), Atilio Benedetti (UCR), Carlos Retamoza (comunismo revolucionario) y Lisandro Viale y Emma Bargagna (socialismo); el agrarista Alfredo de Ángeli, y los gremialistas Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo advirtieron desde muy distintos ángulos sobre una peligrosa situación socioeconómica en Entre Ríos y enumeraron prioridades que la actual gestión de gobierno descuida. Ante un sondeo de ANÁLISIS, brindaron diagnósticos sin rodeos, que colocaron al gobernador Sergio Urribarri y a la Presidenta Cristina Fernández en el centro de un debate ineludible. ¿Por qué los aplazos? ¿Qué ven en el horizonte?Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANALISIShttp://www.analisisdigital.com.ar/
Revista Análisis - Paraná - Entre Ríos
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Jueves 9 Agosto 2012
Once dirigentes y docentes fueron consultados en virtud de sus conocidas posiciones críticas del actual modelo, pero lo que podía ser un repaso de asuntos pendientes terminó siendo un clamor de alerta por las consecuencias que padecerán los entrerrianos, de continuar el régimen “neocolonial extractivista”, según la calificación del economista Luis Lafferriere.
Las respuestas mostraron desacuerdos con el oficialismo desde puntos de vista diversos (y hasta enfrentados), lo que hizo más sabrosas las intervenciones porque en lo que algunos ven malas gestiones, otros advierten además un agotamiento del sistema capitalista y hasta un genocidio.
La consulta sirvió también para constatar la necesidad de muchos sectores de explicar sus posiciones, de modo que sólo extractamos aquí fragmentos de las respuestas y sirve mostrar el conjunto para que pueda observarse el arcoíris de posiciones que confluyen en la crítica al modelo actual.
En todos los casos, las expresiones anticipan el debate en que entrarán los entrerrianos y que en estas horas está dando claros síntomas, por ejemplo con las demandas obreras y la denuncia del pacto fiscal.
En lo que sí hubo acuerdo unánime es en el categórico aplazo de la gestión provincial en materia de federalismo. Los calificativos: de genuflexo a felpudo. Las notas: del cuatro al uno, y ningún aprobado.
También confluyeron las posiciones en el reclamo del manejo soberano de las finanzas , es decir: la creación de un banco provincial.
En cuatro páginas se exponen aquí las razones de los entrevistados, y otras de similar importancia con vistas al debate que viene quedan para el próximo número.
Casi todos los que enumeran errores graves en el modelo que encarnan Cristina Fernández y Sergio Urribarri, denunciaron antes el modelo encabezado por Carlos Menem (y seguido por Fernando de la Rúa) y el tiempo les dio la razón. El precedente es fuerte. Para Lafferriere, por caso, el régimen actual “es delineado por las grandes corporaciones transnacionales y por los intereses hegemónicos de los países capitalistas centrales. Se apoya en la sobreexplotación de los trabajadores y en el saqueo irracional de los bienes comunes de la naturaleza ubicados en nuestro territorio”.
El profesor Gustavo Lambruschini, conocido por su pronóstico acertado en torno de la catástrofe que escondían los sucesivos gobiernos neoliberales, señaló a su turno que el estado nacional aplastó el “Argentinazo” de 2001 para seguir con el modelo, y se ha convertido en el peor enemigo del pueblo trabajador y también de la burguesía nacional, porque los gobiernos ponen al estado al servicio del capital financiero internacional.
El lapidario juicio de Lambruschini no apuntó solo a las gestiones de Kirchner y Urribarri sino al sistema capitalista, y eso fue compartido por otros entrevistados pero no por todos.
Del cuatro al cero
ANÁLISIS les preguntó qué nota le pondrían a la gestión del gobernador Sergio Urribarri en la defensa del federalismo, en una escala del uno al diez.
Darío Olivera: “ni siquiera puede ser calificado en este rubro porque el gobernador, cada vez que fue necesario fue muy claro en su adhesión a libro cerrado y sin condicionamientos, a las propuestas y líneas que bajan del gobierno nacional”.
Para Lisandro Viale, Urribarri “no es más que un mero gestor genuflexo del gobierno nacional”.
Rosario Romero le puso “un cuatro porque ha sido demasiado permisivo respecto de la resignación de recursos de la provincia y se ha renunciado a un perfil independiente”. María Emma Bargagna: “Un 4, aplazado”.
Alfredo De Ángeli: “Un cuatro, porque no ha defendido el federalismo”.
Luis Lafferriere: “El gobernador entrerriano ha avalado en todo momento este proceso de destrucción del federalismo”.
Carlos Retamoza lo dijo de este modo: “La nota sobre la defensa del federalismo es un uno, porque defender es custodiar, proteger, conservar, resguardar…y aquí los entrerrianos no hemos podido discutir y decidir sobre la necesidad que hay sobre una nueva ley de coparticipación. Los fundamentos que ha dado el gobernador sobre las necesidades de la provincia, son que él consigue todo por su fidelidad a la presidenta”.
Atilio Benedetti: “Un tres, yo no lo apruebo. Ha conseguido algunas obras importantes para la provincia, como el caso del Hospital de Gualeguaychú, pero todo eso en base a la resignación de nuestros derechos constitucionales. Entre Ríos fue una provincia pionera en la lucha por el federalismo. A nivel nacional se la reconoce por eso y es una de las características fundadoras de nuestra identidad cultural. Sin embargo, hoy en día se habla del gobierno de Urribarri como el más alineado con Cristina Kirchner. De ser una provincia rebelde y que se impuso ante los atropellos de Buenos Aires, Entre Ríos pasó a ser el felpudo del gobierno nacional”.
Para el diputado nacional, el de Cristina Fernández “es un gobierno que disciplina gobernadores e intendentes en función de cuanta fidelidad le demuestren”. En Entre Ríos, “la dependencia económica con el Gobierno Nacional es total. A pesar de la obsecuencia de Urribarri, cada mes se le complica más para cumplir con el cronograma de pagos y hasta ha debido recurrir a un préstamo del BERSA y a la emisión de letras de tesorería”.
Ricardo Sánchez afirmó a su turno que el gobierno de Sergio Urribarri “no ha defendido el federalismo, y no se ha parado en una discusión seria con el gobierno central, ha realizado un permanente seguidismo, lo que lo coloca en navegar sobre aguas tranquilas para que los recursos coparticipables lleguen en tiempo y forma. No ha discutido, ni ha revisado la coparticipación con el gobierno nacional”.
Desde su visión gremial, Cristina Fernández “no respeta el federalismo ya que su lógica de distribución de recursos y de obras públicas tiene como mirada un permanente disciplinamiento de los gobiernos provinciales”.
El profesor Mauricio Castaldo, militante de la Asociación Gremial del Magisterio y del Foro Artiguista, se extendió en este asunto en particular. “No puede haber debate ni proyección federalista con la continuidad del ajuste, de la concentración, de la desigualdad, la pobreza, la precariedad; del extractivismo, de la dependencia y del saqueo. El gobierno nacional es antifederalista, y el federalismo es letra latente, no muerta, en la Constitución y fuerza latente en las luchas populares. Otro de los errores y contradicciones es dejar que el tema del federalismo sea tomado y tergiversado por sectores de derecha y conservadores. El federalismo como proyecto revolucionario y transformador nació de la mano del artiguismo en 1813 y ninguna fuerza política importante reconoce las líneas generales de ese proyecto que nos sigue interpelando”.
Agregó que Urribarri “queda para mí descalificado, con la peor nota. Los entrerrianos tenemos una lucha por nuestra soberanía particular y por la igualdad federalista solidaria que estos gobiernos soslayan y envían al tacho de basura. El 75% de los recursos provinciales entregados al poder central y al capital hegemónico patentizan esta evaluación desaprobada”.
El federalismo no existe
Los entrevistados expusieron fundadas razones sobre incumplimientos de la nación en materia de federalismo (uno de los puntos del cuestionario presentado por ANÁLISIS), y en este tema coincidieron todos los sectores.
Dijo Bargagna: “la nación no respeta el derecho constitucional de las provincias en el reparto que les corresponde recibir por coparticipación federal de impuestos. Y además, condiciona los ATN que está entregando y las herramientas financieras de que dispone a través del Banco Central a conductas o decisiones que no respetan las demandas de las realidades locales. No le devuelve a Entre Ríos el 15% -cerca de 600 millones de pesos anuales- que le cobra de coparticipación con destino a las famosas AFJP cuando nuestra provincia sostuvo y no entregó su Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ese dinero que le debe la Nación a Entre Ríos permitiría superar el déficit de la Caja de Jubilaciones”.
Para Rosario Romero, lisa y llanamente “el federalismo actualmente no existe. Lamentablemente, queda sepultado aún más cuando se presiona a las provincias para recibir obras y aportes que les corresponden. Ahora, ante las dificultades económicas, reiterando las recetas de los 90, se imponen aumentos de impuestos y ajustes”, afirmó.
“Los gobiernos centrales no están para presionar a las provincias ni para mandarles las obras enlatadas ni para retarlos en público. Las provincias preexisten a la Nación y ésta no existe si los estados provinciales no son autónomos en su desarrollo y uso de los recursos. Ese es el diseño de la Constitución Nacional de 1853, ratificado por la reforma de 1994”.
La diputada apuntó que debería haber “un movimiento de las distintas provincias tendiente a realizar el debate pendiente desde 1994, sobre la nueva ley de coparticipación federal”, y luego denunció el deterioro de las instituciones por la falta de libertad de prensa: “se replica en la provincia el mal uso de los recursos estatales para fortalecer un aparato de propaganda oficial con dineros de los entrerrianos, subordinando a los medios... Esto implica un tremendo ataque a los derechos de los ciudadanos, que carecen de información veraz y de libertad de expresión”.
En coherencia con estas críticas, la diputada Romero presentó esta semana un proyecto de ley para denunciar el Pacto Fiscal (Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales) de 1992, y destinar el incremento de la coparticipación principalmente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. “La gran deuda del federalismo argentino es, y ha sido desde hace más de 20 años, la discusión de un ‘gran pacto de distribución de ingresos’ que culmine con la sanción de una Ley de coparticipación de impuestos entre las Provincias, que les garantice una automaticidad en las remesas y que elimine la dependencia fiscal de éstas con el gobierno federal… Sólo aquellas Provincias ‘alineadas’ a un modelo, o ‘aliadas’ políticamente a la Nación reciben recursos de manera discrecional”, dice la iniciativa de Romero.
El más unitario
Para el socialista Viale, “la actitud del gobierno nacional respecto al federalismo es lamentable, no sólo que está lejos de cumplir con la coparticipación del 34% de los fondos que exige como piso la Ley federal sino que, además, la administración de Cristina Fernández es la que más fondos ha centralizado desde la vuelta democrática a esta parte, con niveles de discrecionalidad inauditos”.
Urribarri “se golpea el pecho hablando del legado artiguista pero en la práctica no es más que un mero gestor genuflexo del gobierno nacional”, subrayó.
El ingeniero agrónomo Carlos Retamoza, del Partido del Trabajo y el Pueblo, sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “es el más unitario de las últimas décadas”, y es así “por la necesidad de mantener los controles y subordinación para garantizar un rumbo y favorecer a empresarios amigos como hicieron Cristina y Néstor”.
Luego se preguntó “¿quién decidió que a la timba, los casinos, los concentre Cristóbal López y no paguen impuestos todos estos años? ¿Y que Argentina sea el país de América Latina que regala sus minerales? ¿Quién decidió que Eskenazi tenga cuatro bancos de provincia y se le haya dado una parte de las acciones de YPF?”.
En una línea similar, Darío Olivera, de Proyecto Sur, afirmó que los sucesivos gobiernos kirchneristas concentran los ingresos y reparten “con cuentagotas y de acuerdo al grado de adhesión de los gobiernos provinciales a los dictados del ejecutivo nacional. El gobierno se ha negado a incluir en la coparticipación a los recursos provenientes del comercio exterior y el impuesto al cheque, lo que le otorga un poder de presión muy fuerte sobre las provincias. La actitud del gobierno nacional en el caso del gobernador Scioli es un claro ejemplo de lo que afirmamos. Estimo que la escasez de recursos que se está viendo, va a ir llevando a algunos gobiernos provinciales a iniciar un camino de reclamos ante el Ejecutivo nacional. Córdoba ya ha iniciado ese camino”.
Añadió que el reparto según la adhesión “le funcionó bien a Urribarri mientras le enviaban dinero y obras públicas como premio a su subordinación absoluta. El tema es ahora, cuando los recursos comienzan a ser mucho más escasos. En este sentido, es vergonzoso el uso que pretenden hacer desde el gobierno provincial de la figura de Artigas, un ejemplo del federalismo que pretendemos”.
Sin autonomía tributaria
Luis Lafferriere apuntó que la Nación “por un lado se va quedando con recursos que les corresponden legítimamente al conjunto de las provincias argentinas, y por el otro le transfiere los servicios sin su correspondiente financiación”.
Alma mater del programa de extensión “Por una Nueva economía humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación, el economista aseguró que ese avance centralista “impacta de lleno en el teórico sistema federal de gobierno que establece nuestra Constitución, ya que ahoga financieramente a las provincias, destruye su autonomía, y las conduce a una situación de absoluta dependencia del poder central”.
“A pesar de que la ley de coparticipación vigente (del año 1988), aprobada también por todas las legislaturas provinciales, dispone una distribución primaria del 57% para todas las provincias y del 43% para la Nación, desde la década del ’90 se fue modificando de manera unilateral siempre en beneficio de la Nación.”.
Hoy, “el porcentaje que se queda la Nación es de alrededor del 70%, quedando sólo a las provincias el 30% restante. Por otro lado, el creciente peso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que quedan en manos del gobierno nacional, disminuye las ganancias de las empresas y de esa manera también perjudica a las provincias por la caída de la masa de fondos de la coparticipación”.
“Al no existir autonomía tributaria, las gobernaciones provinciales se ven en una creciente dependencia del envío de los fondos discrecionales por parte del gobierno nacional, quien reparte los recursos como si se tratara de un patrón de estancia”.
Sobre el gobernador Urribarri, afirmó: “dada su conocida postura de apoyo incondicional al gobierno nacional (priorizando esa conducta por sobre su obligación de defender los derechos de los entrerrianos) ha preferido recibir fondos vía el manejo discrecional de la Nación… Si se hubiera cumplido la distribución originaria de la ley de coparticipación federal de impuestos, en los últimos dos años (2010 y 2011) la provincia debería haber recibido más de ocho mil millones de pesos adicionales que quedaron en las arcas de la Nación”.
Las inquietudes
Las consultas de ANÁLISIS se extendieron sobre temas sociales, cooperativas, ambiente, y las respuestas de estos y otros reconocidos entrerrianos serán expuestas en la próxima edición. ¿Cómo fundamentar, por caso, la expresión “genocida” para el actual sistema?
La inflación y sus efectos sobre obreros y pymes, la ausencia de fuentes de trabajo y la expulsión de habitantes en Entre Ríos, el desarraigo, la destrucción del tejido productivo de pequeños campesinos y el crecimiento irracional de las ciudades, la pobreza a pesar de los paliativos, la concentración de las riquezas y la prevalencia del capital financiero (pooles por ejemplo), el pago de la deuda externa ilegítima, la corrupción, la crisis educativa; y así el sometimiento al centralismo, la insustentabilidad del sistema productivo, la falta de políticas de promoción cooperativa, y las consecuencias del sistema sobre la biodiversidad y la salud de las personas, además de la degradación de las instituciones, fueron algunos de los temas señalados por los entrevistados como inquietantes, desde ópticas no siempre coincidentes.
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Todos por un banco estatal
Los entrevistados coincidieron también en pedir que el dinero del pueblo sea manejado por entidades estatales, pero con algunas diferencias en los modos.
Para María Emma Bargagna “el gobierno debe cumplir con el mandato de la Constitución Provincial reformada en el 2008 creando el Banco de la Provincia Entre Ríos. Los municipios y los productores e industriales entrerrianos, a través de sus organizaciones, deben asociarse, conformar y participar en el Banco provincial. La unión hace la fuerza. La participación y la transparencia le dan sustentabilidad en el tiempo y generan las condiciones para que la sociedad lo sostenga y lo defienda contra las inclemencias de los vientos del poder”.
Mauricio Castaldo acordó: “necesitamos un banco estatal provincial como parte del debate sobre la nacionalización bancaria, y como parte del debate sobre la reafirmación de nuestra soberanía particular federal. La discusión sobre un banco estatal provincial debe ir de la mano de la discusión sobre la devolución federal de recursos y sobre nuevas políticas de transformación estructural, para no ser funcional a la continuidad de la estructura del saqueo. Los grandes municipios deberían discutir democrática y estratégicamente su forma de vinculación y de participación en el desarrollo de ese nuevo banco provincial, pero el banco provincial no debe ser funcional a la continuidad del despoblamiento del interior entrerriano”.
Para Lisandro Viale, “debemos tener un banco provincial, no solo porque es una herramienta invaluable a la hora de pensar la posibilidad de ese plan de provincia del que señalábamos como necesario, sino porque también es una obligación constitucional asumida en la última reforma de nuestra Carta Magna. También sería positivo que aquellos municipios que cuenten con la estructura necesaria puedan establecer sus propios bancos tal y como Paraná supo tener el suyo. Y no es necesario que sean grandes instituciones, sino que tengan una visión y una misión social”.
Darío Olivera: “Ya en la campaña electoral del año pasado, Proyecto Sur señaló la necesidad de recuperar una herramienta financiera en manos de la provincia. El declive del grupo Eskenazi a nivel nacional con su alejamiento de YPF hace posible volver a insistir en el tema. El Nuevo Bersa cobra sumas siderales del gobierno provincial por ser su agente financiero y no cumple ninguna función en el fomento a las actividades productivas de la provincia. Mucho menos de los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad. También podría promoverse la creación de Cajas de Créditos, tal como existieran hasta Martínez de Hoz”.
“La reconstrucción de Bancos Municipales como el que supo existir en nuestra ciudad puede ser una de las formas de ir reconstruyendo un sistema financiero estatal”, añadió Olivera.
Rosario Romero recordó también que cuando se reformó la Constitución en 2008 se incluyó la creación de un Banco provincial. “Lo ideal es que los municipios confluyan y colaboren para ese objetivo. Es un modo de fortalecer el desarrollo provincial y en los municipios, de financiar obras para los vecinos, además de generar financiamiento para obras, industria y comercio. Además, un banco de inversión para proyectos que generen trabajo y riqueza y de financiamiento a los vecinos para la obra pública, sería un pilar valioso. Debe ser un banco de inversión productiva y financiamiento de obras, objetivos que no satisface la banca comercial, ni siquiera los tiene en vista. Hoy esta última financia el consumo y los plazos son breves, lo cual excluye los proyectos de inversión. Esa ausencia en la provincia se nota y la creación del Banco Provincial sería sí una medida de significación económica, para Entre Ríos. También significaría un cambio cultural respecto de las políticas de los 90”, insistió.
Alfredo De Ángeli eligió una respuesta más escueta: “Debe haber un Banco Provincial, con autarquía para evitar su uso político”.
Lafferriere amplió: “los dineros que manejan los bancos no son propios, sino que constituyen ahorros de la población, y por lo tanto deberían ser manejados de manera transparente por la propia comunidad, con objetivos que apunten a mejorar las condiciones económicas y sociales. En la medida que los bancos privados (y a veces los oficiales con su misma lógica) sean quienes manejen los fondos de la comunidad, difícilmente se logre otra cosa que para la acumulación de unos pocos, que además al ser agentes extraprovinciales (y algunos extranjeros) terminan llevándose el fruto del esfuerzo de los entrerrianos fuera de la provincia. Pensar en otras alternativas a la realidad actual, requiere cambios profundos, no sólo en la promoción de formas asociativas y participativas para administrar los ahorros de la población, sino en bancos públicos locales que se manejen con una dinámica diferente”.
Desde la Central de Trabajadores Argentinos, Ricardo Sánchez apuntó: “se debe crear un banco provincial al servicio de la producción y de la pequeña y mediana empresa; al servicio de los trabajadores con créditos blandos que reactiven el mercado interno apostando a una política de integración regional”.
Atilio Benedetti coincidió pero para una segunda instancia: “Antes de avanzar en la idea de fundar una entidad financiera provincial aseguraría la sustentabilidad fiscal y económica del estado. Logrado ese objetivo sí avanzaría en la creación de una entidad financiera que esté al servicio del desarrollo de los entrerrianos”.
Para Retamoza “debe existir un solo banco provincial de apoyo y fomento que sea el que usufructúe el ser agente financiero, el manejo del volumen de la plata de todos los entrerrianos y no un particular a su exclusivo interés. Que el dinero sea prestado al comercio, la industria y el campo a tasas razonables en función y en proporción a la generación de empleo y trabajo provincial. Hay un proyecto de la ex Diputada Ana D’Angelo que puede ser utilizado como aporte aun proyecto de estas características. Deben tener participación en su directorio los representantes de los trabajadores de adentro y de la provincia y de todos los demás sectores. Hoy vemos el robo descarado del capital financiero a través de las exorbitantes y leoninas tasas de interés de los préstamos o tarjetas y de los negocios siempre vinculados al poder de turno, que permiten que los trabajadores sean esquilmados por los amigos del poder”.
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Lambruschini lanzó el guante
El catedrático paranaense Gustavo Lambruschini lanzó un reto inaudito a los pensadores de la provincia, en respuesta al cuestionario presentado por ANÁLISIS.
Con su característico desenfado, el estudioso enumeró los males de la argentina y Entre Ríos, señaló la seguidilla de gobiernos del Partido Peronista, acusó a la dupla Duhalde-Kirchner de “aplastar el argentinazo” de 2001, y al detenerse en los obstáculos que presenta el centralismo porteño no descartó la posibilidad de amenazar con la recuperación de la independencia, es decir, la independencia del territorio entrerriano, para poder acordar en otros términos con Buenos Aires.
“El Estado ‘nacional’ o ‘federal’ argentino puede ser descripto metafóricamente, de forma plausible, como un voraz parásito hematófago que desde un punto de vista político, succiona los recursos de los Estados ‘provinciales’ (putativamente preexistentes) y desde un punto de vista social, le chupa hasta la última gota de sangre excedente, no sólo al proletariado argentino (cuero del que salen en última instancia todas las lonjas y lonja de la que salen todos los tientos), sino también a los últimos restos competitivos de la burguesía ‘nacional’, en especial a la pequeña burguesía agraria (que desde el punto de vista del origen del capital es la menos internacionalizada)”, afirmó.
Peor que la burguesía
“La expoliación que comete el Estado nacional y la exacción de plusvalía que perpetra, es cuantitativamente mayor que la que ejerce el mismísimo parasitismo burgués. El gobierno KK quiere hacer creer que existe una distinción entre políticas ‘neoliberales’ y ‘neokeynesianas’ (que de hecho son las mismas políticas a favor del capital perpetradas en diferentes circunstancias de la lucha de clases; sin embargo, el Estado nacional estructuralmente viene transfiriendo los recursos expoliados, en primer término a los bancos, es decir, al capital financiero (aquí está la clave del "conflicto agrario", en el que la burguesía agraria se negaba a seguir transfiriendo dinero al capital financiero); y en segundo término, discrecionalmente, a los así llamados ‘capitalistas amigos’, asignación esta última de recursos que se explica no por las relaciones sociales del capitalismo sino para mantener la dominación política corrupta del PJ”.
En una medulosa columna, Lambruschini señala “la expoliación estatal a favor del capital financiero”, complementada por la fuga de capitales “que en estos últimos años KK asciende a la suma de casi 100 mil millones. No es que se hayan abandonado las ‘políticas neoliberales de los '90’ –aclaró-, sino que se hacen estratégicamente las políticas necesarias para prolongar la dominación capitalista y del Estado de clase en estas precisas circunstancias históricas”.
Tras señalar las luchas de Artigas, Ramírez, Urquiza y López Jordán , apuntó: “si a los fantasmas de esos muertos los animáramos con la sangre patriótica de los vivos y les preguntáramos qué hacer, parece que la respuesta sería evidente”. De inmediato subrayó que ni siquiera sería necesario “hacerles la aconsejada guerra para detener la mano que nos lacera y para cortar los vínculos que nos engrillan. Simplemente habría que exigir con firmeza el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional. Un posible Partido Constitucionalista estaría en condiciones de encaminar nuestras luchas”.
Para mostrar el extremo en que se encuentra la situación del federalismo, desafió: “No resulta para nada evidente que los entrerrianos seamos más libres y más felices por ser ‘argentinos’ que lo que podríamos ser si recobráramos nuestra independencia y autonomía”, y como buscando una provocación, para que las cosas no queden en apenas intercambios, añadió que podría pedirse “el protectorado del Brasil, un país que cultural, política y económicamente, tiene más porvenir que esa satrapía pejotista que es la Argentina”.
Su búsqueda estaba explicada: “¿Por qué tendríamos que seguir siendo ‘argentinos’? O, en todo caso, ¿por qué no podríamos amenazar con todo esto para negociar en mejores términos la relación con el Estado nacional? Tal vez de esta manera podríamos emular de forma ciertamente menos heroica la venerable tradición a cuya altura de ninguna manera estamos”.
Entre Ríos resigna mucho, recibe poco y afronta el peso de la inversión docenteSalarios reprobados
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| Los números desmienten la preferencia que el gobierno nacional tiene sobre Entre Ríos. |
(especial para ANALISIS)
Los números desmienten la preferencia que el gobierno nacional tiene sobre Entre Ríos. Al menos eso dice el sector docente que co-conduce el principal gremio de los docentes en la provincia –Agmer– y que dirige algunas departamentales como Paraná.
En resumen se podría decir, siempre según el estudio realizado por los gremialistas docentes, que Entre Ríos está alto en los cálculos al momento de resignar recursos coparticipables y bajo al momento de recibir fondos federales para los docentes. Así las cosas, la desvencijada espalda provincial debe soportar como pocas el peso de la inversión en materia educativa.
“Nosotros creemos que no miente la Provincia cuando dice que no tiene dinero para hacer frente a las demandas. Pero debe plantarse a reclamar lo que es de Entre Ríos”, resumió a ANÁLISIS el gremialista Roque Santana, autor del estudio que compara los sueldos docentes y establece que Entre Ríos está último en la escala.
“En 1988, en momentos previos a la Marcha Blanca, el salario más bajo de los docentes era el de los nacionales. Y en ese marco, los entrerrianos estábamos en el lugar 5”, comienza ilustrando Santana para rematar con la situación traída al presente: “hoy se volvió con esta cuestión de salarios a nivel nacional y Entre Ríos pasó a estar en el último lugar”. Ocurre que la provincia recibe fondo de financiamiento educativo –que se destinan al salario docente pero no son contributivos ni remunerativos, sino que se pagan en negro– y eso obliga a jugar con las reglas fijadas en la Casa Rosada.
(Más información en la edición gráfica del 9 de agosto de 2012 del Semanario ANALISIS)
Propuestas frente a los límites del modelo neodesarrollista
La Arena
Sobre la economía nacional, marcada actualmente por la desaceleración, hay dos visiones que se contraponen en su análisis. Pero ambas miradas son insuficientes para dar cuenta de una realidad compleja.
Mientras la economía mundial agudiza su crisis sin que se avisore una salida en lo inmediato, la economía nacional da muestras de una desaceleración pronunciada. Dos miradas se contraponen en esta coyuntura: una pone el acento en la crisis global, la otra responsabiliza al gobierno por sus desaciertos de política económica.
Durante muchos años Argentina fue caracterizada como un país con futuro pero sin presente. El futuro lo veían promisorio por ser un país cargado de recursos y por la calidad de su mano de obra, al presente se lo veía complicado por la contradicciones internas, las disputas interburguesas y las pujas distributivas.
Hoy, salvando las distancias, podría aplicarse un criterio similar en la coyuntura. Porque la situación actual aparece complicada por la inflación, la pérdida de competitividad internacional, el regreso de la restricción externa y otras variables que ya no operan positivamente como en los años pasados. Por el contrario, al futuro inmediato -pensando en 2013- se lo ve con expectativas por la evolución favorable del precio y la demanda de soja y maíz, buenas perspectivas climáticas y las posibilidades de una recuperación económica de Brasil.
Enroques de ocasión
No deja de ser llamativo que quienes ponían el acento en el llamado "viento de cola" para explicar un ciclo expansivo que, con la excepción de 2009, hizo crecer la economía a tasas chinas entre 2003 y 2011, niegan ahora toda influencia de la situación mundial en la actual desaceleración de la actividad. Por el contrario, para el oficialismo, que ha explicado ese ciclo como resultado virtuoso de sus políticas y su manejo de las variables macroeconómicas, ahora sí, "el mundo se nos cayó encima".
A juicio de quien suscribe estas líneas ambas interpretaciones son cuando menos insuficientes...
Mientras la economía mundial agudiza su crisis sin que se avisore una salida en lo inmediato, la economía nacional da muestras de una desaceleración pronunciada. Dos miradas se contraponen en esta coyuntura: una pone el acento en la crisis global, la otra responsabiliza al gobierno por sus desaciertos de política económica.
Durante muchos años Argentina fue caracterizada como un país con futuro pero sin presente. El futuro lo veían promisorio por ser un país cargado de recursos y por la calidad de su mano de obra, al presente se lo veía complicado por la contradicciones internas, las disputas interburguesas y las pujas distributivas.
Hoy, salvando las distancias, podría aplicarse un criterio similar en la coyuntura. Porque la situación actual aparece complicada por la inflación, la pérdida de competitividad internacional, el regreso de la restricción externa y otras variables que ya no operan positivamente como en los años pasados. Por el contrario, al futuro inmediato -pensando en 2013- se lo ve con expectativas por la evolución favorable del precio y la demanda de soja y maíz, buenas perspectivas climáticas y las posibilidades de una recuperación económica de Brasil.
Enroques de ocasión
No deja de ser llamativo que quienes ponían el acento en el llamado "viento de cola" para explicar un ciclo expansivo que, con la excepción de 2009, hizo crecer la economía a tasas chinas entre 2003 y 2011, niegan ahora toda influencia de la situación mundial en la actual desaceleración de la actividad. Por el contrario, para el oficialismo, que ha explicado ese ciclo como resultado virtuoso de sus políticas y su manejo de las variables macroeconómicas, ahora sí, "el mundo se nos cayó encima".
A juicio de quien suscribe estas líneas ambas interpretaciones son cuando menos insuficientes...
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