Contra todas las operaciones políticas que buscan manipular, contener y boicotear las luchas, el cien por ciento de los congresales de AGMER trajeron mandato de paro desde sus bases. El gobierno, con su actitud de cerrar la puerta a las negociaciones, le confirmó a la mayoría de los trabajadores de la educación de que la única forma contundente de defender los derechos de todos es con los paros y los planes de lucha colectivos.
El derecho a huelga es constitucional y no debe ser informado a nadie ni por nadie. La sobreactuación mediática de la Presidenta del CGE intentando “poner autoridad” amenazando con descuentos y con el deber de informar a los padres sobre el paro es tan patética, como absurda y reaccionaria, absolutamente antidemocrática e ilegal. En vez de desarrollar autoridad política y pedagógica, patentiza una iniciativa emparentada con lo peor de la historia política argentina: solamente una ideología procesista y fascista puede suspender, soslayar o poner entre paréntesis los derechos constitucionales, sociales y democráticos de los trabajadores y del pueblo.
Pero además, si los chicos no tienen clases por el alto o total acatamiento a una medida de fuerza, como viene pasando y como parece que preocupa al gobierno, los padres siempre son informados por las escuelas. No hace falta ni es necesario informar un derecho constitucional con nombres y apellido del que lo ejerce. Barnizar un ataque a los derechos con algún discurso no borra la verdadera política: la actitud fascista y procesista no deja de serlo más allá de un barníz postmoderno.
La Presidenta del CGE públicamente amenaza con descuentos y quiere hacer responsable de los mismos a los directivos y administrativos de las escuelas. El paro es legal, y por tanto marcar y descontar es ilegal, es un delito, es robarle al docente su sueldo y su trabajo. Amenazar es arriesgarse a ser responsable público del robo de sueldo a los trabajadores.
Lo mismo pasa con el recorte de horas de trabajo en la escuela secundaria, que tiene responsables y autores intelectuales. Este ajuste es anticonstitucional porque atenta contra la estabilidad laboral docente establecida en la ley máxima provincial y en las propias leyes educativas. Pero además, es un despido injustificado, y los trabajadores tendrán derecho a avanzar en la defensa gremial y legal de sus derechos laborales.
Pedirle a un trabajador que firme una planilla donde pone “en disponibilidad” sus horas cátedra, su trabajo y sus derechos es el colmo del neoliberalismo y de la precarización laboral y pedagógica. La sociedad tendrá claro ahora que es el gobierno el que ataca y empobrece a la educación, y que es AGMER y el movimiento docente el que la defiende.
Por otro lado, en este contexto, y frente a la tarea titánica que los docentes hacen todos los días para contener los desastres sociales generados por las políticas hegemónicas, es peor que desubicado salir a hablar de los porcentajes de licencias laborales.
Las actitudes del gobierno agravaron el conflicto educativo de cara al final del 2010 y el principio del 2011. Los trabajadores estamos dispuestos a dar la pelea por un aumento salarial en serio, por la devolución de los descuentos, por mayor presupuesto para la educación pública, por los comedores, por las escuelas, y por evitar el ajuste y el empobrecimiento de la escuela secundaria entrerriana.
Mauricio Castaldo
Sec Gral AGMER María Grande y
Congresal de la entidad
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