POR HORACIO MEGUIRA DIRECTOR DEL DEPTO. JURIDICO DE LA CTA
Paradójicamente, un 17 de octubre de 1990, día de la lealtad peronista, se sancionaba un decreto del poder ejecutivo restrictivo del derecho de huelga que signo más de una década de lucha por su derogación.
Hubo una gran cantidad de paros generales convocados durante la vigencia del derogado decreto que reglamentó, con notorios desbordes constitucionales, el ejercicio de la huelga en los servicios esenciales y dio lugar a sucesivos cuestionamientos de parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Especialmente la reafirmación de que el Transporte no constituye servicio esencial, resuelta en la queja entablada por la Unión de Trasporte Automotor (UTA-CGT).
Esta queja fue presentada, a raíz de la huelga general declarada por la CTA-MTA en agosto del 1994 y que fuera declarada ilegal por el gobierno de Carlos Menem.
Esos antecedentes fueron tenidos en cuenta por las centrales sindicales -CGT y CTA- en oportunidad de su participación, a través de sus respectivos gabinetes jurídicos, en la consulta convocada por el Ministro Tomada, con miras a enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral que resultó luego sancionado como ley, derogándose la cuestionada ”ley Banelco”. Entre otros institutos, trató la huelga en los servicios esenciales, que fuera luego reglamentada en sendos decretos del 2006 y el 2010.
Clarín - 15/12 - Leer Completo - Debate
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¿Qué ha pasado en Brasil? No es una sorpresa la nueva legislación que legitima la deforestación en el Amazonas. Se trata de la constatación de quién manda en el país: Los gigantes agropecuarios. El modelo se consolida.
La reciente decisión del Senado brasileño de votar masivamente a favor de un nuevo Código Forestal que abre la puerta a la amnistía de los delitos contra la vegetación cometidos antes de julio de 2008 es una pésima noticia para el Amazonas y para los defensores de la naturaleza. Pero más allá de las consideraciones medioambientales, también es una pésima noticia para los que creían que en Brasil los políticos habían comenzado a modificar su desvirtuada visión del servicio público.
En realidad, el agronegocio brasileño no tiene color político ni responde a ninguna sigla concreta, pero está presente en todos los partidos
Con la aprobación de este código, primero en el Congreso el pasado mayo y ahora en el Senado, ha quedado claro quien manda en la primera potencia latinoamericana. El todopoderoso sector agropecuario, responsable de una larga lista de males que afligen al Amazonas, encabezados por la brutal deforestación y la existencia nada residual de mano de obra esclava, ha demostrado su capacidad de convertirse en la formación política más poderosa del país.
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Análisis 14/12:Propuso que se “abra un debate” en la MesopotamiaM'Biguá señaló como un “grave error” la construcción de dos represas en el río UruguayLa Fundación Ambiental M'Biguá se opuso en forma rotunda a la eventual construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el río Uruguay, tal como lo manifestaron desde los gobiernos de Argentina y Brasil. “Estamos haciendo un seguimiento del proceso licitatorio” comentó al respecto el titular de la entidad verde, Jorge Daneri. Asimismo, enfatizó que “se trata de un grave error teniendo en cuenta los otros posibles escenarios para la generación de energía”. En cuanto a las gestiones encaradas para discutir la problemática, señaló que la organización permanece en contacto con movimientos sociales misioneros y correntinos “para dar un profundo debate sobre la cuestión”.
El jueves habrá una reunión preparatoriaLa Multisectorial realizará el 20 de diciembre una marcha en memoria de las víctimas de 2001La Multisectorial volverá la marchar este 20 de diciembre para recordar a las víctimas de la represión de 2001. Este jueves, a partir de las 19, en la seccional Paraná de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) habrá una reunión previa para “fijar los criterios”, adelantó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, Ricardo Sánchez, indicó que se renovará el reclamo de “juicio y castigo a los responsables” por los asesinatos de Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.
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