Debieron pasar 10 años para que los familiares se reunieran, se reconocieran en un dolor común ensanchado por la impunidad, volvieran a llorar a sus muertos y denunciaran que buena parte de los responsables políticos de la masacre perpetrada por el gobierno democrático de Fernando de la Rúa, o sea gobernadores e intendentes (alcaldes), pero también diputados y senadores, siguen ostentando cargos institucionales. Muchos se han travestido adoptando los modales propios de los nuevos tiempos.
En el encuentro que duró tres días, del 8 al 10 de diciembre, confluyeron el padre y la madre delmotoquero Gastón Riva, asesinado cuando enfrentaba con su moto las balas policiales; los familiares del niño cordobés David Moreno, de 13 años, muerto por capricho policial; el tío de la niña Eloísa Paniagua, asesinada en Paraná, y decenas de familiares y personas que fueron heridas de gravedad en los días en que la banca se llevó miles de millones del país. Hubo más rabia que congoja y muchas ganas de seguir adelante.
La familia de Claudio Lepratti, Pocho, un militante social que tejía solidaridades territoriales desde su bicicleta, recordó que fue asesinado cuando se paró en el techo de la escuela donde trabajaba como cocinero para decirles a los policías que dejaran de disparar, que allí sólo había niños y niñas. Una bala le perforó la garganta.
Jesús, el tío de Eloísa, un trabajador sencillo, puso el dedo en la llaga cuando dijo con ingenua sinceridad: No entiendo por qué en todos estos años los derechos humanos no se ocuparon de nosotros
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