En
los últimos días hemos visto lamentablemente un agravamiento del
ataque y la violación de los derechos humanos. En Salta, la vida de
los jóvenes parece volverse un infierno, patentizando y llevando al
paroxismo, más allá de la situación local específica, la falta de
oportunidades, de libertades reales, de diálogo y la falta de un
horizonte estructural global motivador, formador, movilizador y
emancipador. Se han hecho públicas las prácticas de tortura
policial por un lado, y las imágenes de jóvenes que se suicidan por
el otro. Son dos caras de una misma moneda que está llevando sus
tensiones al límite en Argentina: hay una combinación de factores
negativos que hay que abordar con un debate profundo y con una acción
política y social auténticamente transformadora. A las prácticas
represivas de corte procesista se le suman opresiones de género,
impunidad, desigualdad, miedo y un contradictorio espectáculo
mediático permanente. Las sombras del pasado y del presente se
conjugan para poner entre paréntesis el alcance de los derechos
humanos y de las libertades democráticas en nuestro país.
En
éstos días, el dictador genocida Jorge Rafael Videla ha explicitado
también las relaciones espurias del proceso militar con la jerarquía
de la Iglesia Católica. Paralelamente a ésta noticia, vimos
lamentablemente a Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA y ex
agente de inteligencia del Batallón 601 de la dictadura procesista,
sentado a la derecha de la Presidenta de la Nación, como referente
del sindicalismo afín al gobierno. Todos los cómplices civiles del
genocidio deben ser juzgados, porque si no, nos quedamos con
operaciones políticas de prensa que se chocan con sus propias
contradicciones, que son funcionales al reciclado político de
personajes nefastos, y que impiden la democratización real de la
sociedad argentina.
La
libertad sindical, el derecho a huelga, el derecho a un salario digno
acorde a la canasta familiar real y completa, y a su actualización
contra el ajuste inflacionario, y la derogación del impuesto que
considera absurda y reaccionariamente ganancia al trabajo, entre
otras cuestiones, son también parte fundamental del debate sobre los
derechos humanos, sociales y democráticos en Argentina. Hubo una
resolución política de no descontarle el sueldo a los policías de
Santa Cruz que protestaron con una larga huelga: todos los descuentos
deben ser devueltos entonces.
Por
otro lado, repudiamos también la represión policial y patoteril a
los compañeros ambientalistas que están luchando contra la
megaminería contaminante y el saqueo en Cerro Negro, Catamarca.
Apoyamos totalmente la presentación realizada por el Premio Nobel de
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras personalidades, ante la
Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación,
solicitando al máximo órgano del Poder Judicial de la Nación
“la adopción de las medidas peticionadas -contra la represión y
la criminalización de la protesta- con suma urgencia a los efectos
de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que
ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a
manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los
habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de
defender al ambiente y la naturaleza”.
Tenemos que luchar
colectivamente con fuerza para que los derechos humanos no queden
entre paréntesis. Necesitamos profundizar los niveles de
organización popular, de formación, de comunicación, de debate, de
solidaridad sin fronteras, de autodefensa democrática, de
movilización y de acción transformadora. Sólo así podremos
enfrentar la violación sistemática a nuestros derechos que el
capitalismo, las clases dominantes y los aparatos represivos de los
Estados llevan adelante todos los días, en Argentina, en
Latinoamérica y en el mundo.
Mauricio Castaldo
Sec. DDHH CTA Paraná y
Sec.Gral Agmer María
Grande
23/7/2012
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