Pero el acuerdo salarial aún está lejos
Los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación se reunieron anoche con los cinco gremios de maestros que tienen representación nacional –la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)– en el Palacio Sarmiento. Fue para acercar posiciones después que los sindicatos pidieran de un 20 por ciento de incremento, que eleve el sueldo básico de un maestro de 1.490 a 1.900 pesos, y que el ministro Alberto Sileoni respondiera que ese monto “era un disparate” y que no se ajustaba a la realidad de la Argentina.La mesa de negociación –en la Comisión Técnica Salarial– buscó distender el panorama. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, excepto el compromiso del Gobierno de pagar el incentivo docente, unos 55 pesos que se suman a los 110 pautados en 2009. En Salta, el ministro Sileoni se comprometió a mantener ese monto.
La titular de CTERA, Stella Maldonado, reconoció a la salida del encuentro: “En la reunión pudimos avanzar con una de nuestras demandas que era el incentivo docente, que comenzará a regir desde enero de 2010, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo con respecto al piso salarial”.
Los funcionarios ofrecieron, según contó la dirigente de los maestros, una propuesta de aumento en dos cuotas, unos 1.650 pesos ahora y otros 1.780 pesos a partir de agosto. “Nosotros rechazamos esa propuesta porque nos parece que está muy lejos de nuestro planteo y definimos que, en caso de que el incremento sea en tramos, se paguen 1.800 ahora y, a partir de julio, 1.900 pesos. El ministerio no aceptó y se comprometió a buscar una contrapropuesta. No sabemos cuándo habrá una nueva reunión, pero continuamos en estado de alerta y movilización”, sintetizó Maldonado.
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La educación pública sóla no puede lograr inclusión social total si no hay cambio de política económica y distribución real de la riqueza. La discusión de política educativa debe darse junto a la discusión de política económica, si no será una distopía. No se puede cargarle el peso total de la inclusión a las escuelas y a los docentes si la política económica va a seguir siendo neoliberal, concentradora y excluyente. Planteado así, el discurso oficial de la "inclusión" es una trampa para legitimar la profundización del ajuste y de la precarización laboral, educativa y social.
(Mauricio Castaldo - Editor de Actividad SXXI-LPAE - Sec.Gral AGMER M.Grande)
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