Contra el plan de austeridad que pretende imponer el gobierno a los asalariados, una huelga general tendrá lugar el 24 de febrero. El interés de los medios de comunicación por la huelga, antecedida por la del sector público, el 10 de febrero de 2010, prueba la inquietud de la burguesía europea ante las reacciones de los trabajadores contra una política de austeridad dictada por la Unión Europea (UE).
Se trata de una una política que debe servir de banco de pruebas europeo para hacer pagar la crisis a los/as asalariados/os. El Comisario responsable europeo de la competitividad, Joaquin Almunia (España, [PSOE]), indicó que la UE venía ejerciendo presión desde hacía un año sobre Atenas para que redujera los salarios de la función pública y revisara el código del trabajo, juzgado como "demasiado protector" de los derechos laborales.
El Primer Ministro, Georges Papandreou, presenta a pesar de todo su “ programa de estabilidad” como una decisión griega. La UE lo sostiene y se reserva el demandar a Grecia ante el Tribunal europeo por haber trucado sus estadísticas. Una manera elegante de decir que su papel es imponer sacrificios a la clase trabajadora, hoy en Grecia, mañana en Portugal o España.
En Grecia el estado asumió las deudas contraídas por los capitalistas
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